Estafa inmobiliaria: la Justicia declaró la quiebra de Márquez y Asociados

En el marco de la megaestafa inmobiliaria, la Justicia cordobesa declaró la quiebra de la constructora Márquez y Asociados.
La determinación judicial se tomó ante el pedido de un profesional con créditos impagos a su favor, en concepto de honorarios.
De esta manera, “los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura hasta el 11 de noviembre próximo”.
La causa ya tiene más de 4.000 denuncias digitales de damnificados y ya se presentaron querellas penales.
Ayer hubo una protesta frente a Tribunales 2 convocada por las personas que fueron afectadas.
El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52 Nominación de la ciudad de Córdoba declaró la quiebra de la empresa Márquez & Asociados
Al respecto, el juez Sergio Ruiz calificó el caso como “quiebra pedida compleja”, en razón del número de causas civiles y denuncias penales.
El pedido fue llevado a cabo por “un profesional que tenía créditos impagos a su favor, en concepto de honorarios”.
Por su lado, “los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la sindicatura hasta el 11 de noviembre de 2025”.
La Justicia también “ordenó la inhibición general de bienes de la firma y registrar la inhabilitación de la sociedad deudora y de los integrantes titulares del directorio de la sociedad fallida”.
“Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la sindicatura hasta el 11 de noviembre de 2025”.
Además, intima a “los terceros que posean bienes de la firma para que, en el término de 24 horas, los entreguen a la sindicatura”.
Como publicó Puntal, la empresa se comprometió a hacer 30.000 viviendas pero solamente entregó 2.500.
En total, son 27.500 los damnificados por este caso de estafa inmobiliaria.
El caso tiene como imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas a los cuatro hermanos Márquez, es decir Juan Pablo, Matías, Lucas y Ariel, y al contador Ramiro Nieva.
También fueron denunciadas las esposas de Ariel y Pablo Márquez como corresponsables.
El fiscal Enrique Gavier, que está a cargo de la investigación judicial, indicó un “estado de insolvencia” y “cesación de pagos” de la constructora y “detectó un desvío significativo de fondos hacia negocios paralelos”.
En rigor, la Justicia “investiga una asociación ilícita que recaudó dinero de clientes con la intención de cumplir lo mínimo posible, vendiendo unidades habitacionales por debajo del costo real de construcción y con un alto grado de desvío de fondos recaudados hacia otras actividades”, que no eran precisamente las inmobiliarias.
Por último, damnificados pidieron ayer que se acelere la causa.
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