El Gobierno oficializó la importación de maquinaria usada y desató la polémica

Pocas horas después de que la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) publicara su informe mensual de actividad, que reflejó una caída del 1,3% en marzo respecto al mes previo, el Gobierno nacional publicó finalmente en el Boletín Oficial la decisión de habilitar la importación de bienes de capital usados al país.

La reacción de las entidades fabriles fue casi inmediata bajo un argumento central: un nivel de actividad en la industria muy deprimido y costos que imposibilitan la competencia con los bienes que comenzarían a llegar al país. Le sumaron otro punto polémico: la posibilidad de que se termine comprando chatarra del exterior.

Lo cierto es que hubo sectores que levantaron la voz, especialmente los productores de maquinaria en general y de la maquinaria agrícola en particular. Estos últimos dudaron hasta último momento si las herramientas que utiliza el campo iban a ser incorporadas o no en el decreto. Ayer, el Ministerio de Desregulación pareció contestarles con brutalidad con una imagen de una cosechadora en plena trilla de maíz y el valor que esa máquina usada tiene en Estados Unidos y en la Argentina. En el primero, tiene un precio de US$ 90 mil y en el segundo, de US$ 250 mil.

A partir de allí, Santa Fe, Córdoba y provincia de Buenos Aires aparcen en el foco de la tormenta porque concentran gran parte de la producción de la maquinaria para el campo.

Lo cierto es que frente a la decisión del Gobierno, Adimra expresó su profunda preocupación. “Esta medida permite ingreso de maquinaria obsoleta, sin controles técnicos ni trazabilidad”, señaló.

Y agregó: “La medida pone en riesgo la seguridad productiva y la salud de los consumidores. Además, debilita a los fabricantes nacionales y consolida la dependencia tecnológica en un momento crítico”, indicó Adimra, en relación al ritmo de producción que vienen mostrando las fábricas.

“Mientras los principales países del mundo redoblan esfuerzos para impulsar su desarrollo industrial, Argentina avanza en sentido contrario, transformándose en un mercado residual de tecnologías descartadas”, arremetió la asociación de metalúrgicos del país.

“Desde Adimra consideramos fundamental avanzar hacia políticas activas, coherentes y sostenibles que permitan impulsar y consolidar un entramado productivo nacional moderno, con innovación, empleo calificado y desarrollo tecnológico”, reforzó la entidad.

Por su parte, la UIA destacó que el freno importador de usados “no era una barrera para evitar la competencia externa sino una forma de evitar que Argentina reciba descartes y material obsoleto de otras industrias”. Y explicó que “su derogación es un retroceso en las políticas de calidad y configura una competencia absolutamente desigual y un desincentivo a la modernización de la industria argentina en momentos en que el mundo defiende sus industrias estratégicas”.

En esa línea, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) alertó que “a partir de esta medida, se dejan sin efecto los requisitos mínimos de trazabilidad, seguridad, condiciones de uso o compatibilidad normativa, se habilita el ingreso de maquinaria y equipos que podrían haber sido descartados en sus países de origen, poniendo en riesgo tanto los procesos productivos como la salud de trabajadores y consumidores”. Y remató: “La decisión, adoptada sin instancias de consulta ni mecanismos técnicos alternativos, expone a la industria nacional a una competencia desleal”.