Presentan un amparo contra el DNU por las fuertes subas de las prepagas

Dos jubilados del Gran Río Cuarto decidieron recurrir a la Justicia luego de quedar, como otros miles de argentinos, presos de una situación que no les ofrece una salida razonable: en apenas 60 días las cuotas de su prepaga aumentaron 110% al pasar de 147 mil pesos a 318 mil entre diciembre y febrero, gracias a la vigencia del DNU del presidente Javier Milei que permitió por un lado liberar los precios del sector -dominado por un puñado de empresas- y por otro, darles la posibilidad de una acción ejecutiva para reclamar deudas a sus afiliados en un muy corto plazo.

Los demandantes tienen sus ingresos congelados, como los de todos los jubilados que deben afrontar un tsunami de incrementos en medicamentos, alimentos y salud en general con sus magros recursos.

Él tiene 75 años y es diabético insulino dependiente; su esposa, de 65 años, es trasplantada hepática. Estos tres renglones explican el encierro que padecen por su edad y por sus enfermedades. Aunque quisieran abandonar su actual prestadora ninguna otra los recibiría, quedarían en el limbo. Esto se replica en muchos casos a lo largo de todo el país. El sistema no tiene prevista la posibilidad de la movilidad luego de determinada edad. El que quiera salir de una prepaga, queda fuera del sistema.

El amparo de esta pareja de jubilados, que actualmente vive en Holmberg, aunque son oriundos de Río Cuarto, fue presentado en la Justicia Federal.

El patrocinante legal de la pareja de jubilados, el abogado Enrique Novo, aseguró que “el DNU es claramente inconstitucional y por eso fue lo que planteamos en la Justicia Federal. No hay razones para que esta situación, como fue planteada, pueda encuadrarse dentro del artículo 99 inciso 3 de la Constitución o de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En este tema no hay ninguna urgencia ni tampoco un razonable argumento para liberar a las prepagas para que actúen como lo hicieron. Estamos hablando de la salud, un derecho básico, que está claramente en riesgo”, explicó.

Para Novo, hay al menos 7 artículos del DNU que serían “claramente inconstitucionales”. En ese sentido, recordó que apenas se conoció el extenso decreto, no hubo, en ninguna de “las dos bibliotecas” de los constitucionalistas, un respaldo claro.

En lo estrictamente vinculado a la salud, los médicos de los dos damnificados no atienden con Pami, que podría ser una alternativa. “Tienen una gran incertidumbre por la situación de zozobra que están viviendo, pero además por lo que temen hacia adelante. Son personas mayores que quisieron tener una prepaga para contar con un reaseguro cuando estaban ya en la etapa final de su vida laboral. Y ahora padecen esta situación”, explicó Novo.